En EE.UU. alrededor de 10 estados enviaron refuerzos a Texas para respaldar al gobernador Greg Abbott, en medio de la escalada de tensiones entre la entidad sureña y el Gobierno federal por la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México.

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Abbott, del Partido Republicano,  aseguró durante una entrevista que hay diferentes ramas de funcionarios estatales protegiendo la frontera, desde oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y policías hasta efectivos de la Guardia Nacional de otros estados.

«Hasta ahora ha habido unos 10 (estados -gobernados por republicanos) que han enviado a la Guardia Nacional u otras fuerzas del orden», señaló. «Ahora están unidos a nosotros y esta es una lucha por el futuro de EE.UU. y todos ellos lo saben», añadió.

En este contexto, Abbott dijo que firmó una nueva ley en su estado que entrará en vigor el 5 de marzo, donde autoriza a cualquier agente del orden en Texas a «poder arrestar a cualquier persona que cruce la frontera ilegalmente».

Este miércoles, el gobernador defendió en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la «invasión», que supone la migración ilegal, mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del estado.

El comunicado de Abbott fue publicado tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. el lunes a favor del Gobierno federal para retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass.

Texas no está de acuerdo con el fallo y los militares del estado declararon que seguirán controlando la frontera con México y no permitirán que el alambre sea retirado. La posición de Texas ha sido apoyada, de momento, por los gobernadores de 25 estados.

Este jueves, un total de 25 gobernadores republicanos emitieron una declaración conjunta apoyando a Abbott por “dar un paso adelante para proteger a los ciudadanos estadounidenses de niveles históricos de inmigrantes ilegales, drogas mortales como el fentanilo y terroristas que ingresan a nuestro país”.

En su carta, los miembros de la Asociación de Gobernadores Republicanos culpan a la administración del presidente Joe Biden por negarse a tomar medidas para abordar la crisis fronteriza y, en cambio, demandar al estado de Texas en los tribunales.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, defendió el enfoque de su país en la gestión de la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos, argumentando que la responsabilidad no puede imputarse sólo a las autoridades mexicanas.

La alta funcionaria destacó que «Si se cierran las fronteras, como ocurrió en diciembre, el daño no es sólo para México. También lo será para Estados Unidos», añadiendo que ambos países deben asociarse y ponerse de acuerdo sobre cómo abordar la migración.

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